El análisis implica el estudio jurídico individualizado de cada norma jurídica mediante la interpretación literal, sistemática, histórica, genética y/o teleológica de la ley, para determinar definitivamente la materia a la que pertenece y con ello ir formando el Universo Normativo de la Materia en Estudio (UNME).

Así mismo, se valora su estado de vigencia y se contrasta con otras normas jurídicas posteriores para fundamentar la pérdida de vigencia según el criterio identificado, en caso que se encuentre sin vigencia; y se registran las modificaciones expresas y tácitas en el articulado, en caso que se encuentre vigente.

Los principales métodos de interpretación jurídica son los siguientes: literal o gramatical, sistemática, histórica, genética y teleológica.

Interpretación literal o gramatical: Propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador. Con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje, se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa.

Interpretación sistemática: Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Un precepto o una cláusula deben interpretarse no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento de la materia en cuestión.

Interpretación histórica: La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Se refiere a los precedentes legislativos y jurisprudenciales y al modo como se ha entendido una norma en las distintas épocas, esto es, su evolución.

Interpretación genética: Se refiere a la causa, al origen, a la motivación de la norma. Considera las circunstancias prevalecientes en el momento en que se emitió la norma, las condiciones materiales y sociales imperantes en esa fecha, que han originado el surgimiento de la disposición.

Interpretación teleológica: Esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma atendiendo a la finalidad del precepto. El legislador que crea la ley se propone uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio; por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Lo anterior supone la búsqueda del sentido de la norma, que va más allá del simple texto; exige encontrar la finalidad propuesta con su creación; hallar el propósito perseguido por la misma.

En base a las disposiciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley N°. 963, “Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense”, los criterios jurídicos establecidos para determinar la pérdida de vigencia de la norma son los siguientes:

1. Que haya sido derogada de forma expresa o tácita por otra norma posterior;
2. Que sea inaplicable por haber sido declarada inconstitucional por resolución de la máxima instancia del Poder Judicial;
3. Que tenga plazo vencido;
4. Que haya cumplido su objeto; y
5. Que haya sido incorporada en el texto consolidado de la norma que afecta, excepto si la misma contiene disposiciones autónomas.

En base a estos criterios y los estudios jurídicos correspondientes, se clasifica cada norma, ya sea en el Registro de Normas Vigentes, en el Registro de Normas Sin Vigencia o Derecho Histórico o en el Registro de Normas Consolidadas.

Del análisis realizado a cada norma, se excluyen las que no están directamente relacionadas con la materia en estudio, tomando como referencia los criterios de delimitación establecidos, y se identifican y corrigen errores en cuanto a categoría normativa, rango o detalle de modificaciones. 

Son los textos de las normas jurídicas vigentes que han sufrido modificaciones o derogaciones parciales a lo largo del tiempo y en los que se incorporaron en su articulado original, las reformas, adiciones, sustituciones, derogaciones parciales expresas y tácitas, interpretaciones auténticas, resoluciones de inconstitucionalidad parcial, caducidad de disposiciones, fe de erratas, entre otras, de forma ordenada, sistemática y coherente.